Las presiones del sector empujan a Sanidad a ampliar la oferta de negocio durante la próxima negociación.
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J. L. GARCÍA VALENCIA Continúan los contactos
privados entre la Generalitat y los operadores sanitarios llamados a hacerse
con la gestión de los servicios de los
hospitales valencianos que el Consell quiere privatizar. Y después
de que la totalidad de empresas haya trasladado al titular de Sanidad, Luis
Rosado, que, hoy por hoy, no ven claro dónde van a hacer negocio con las bases
que plantea la administración, el Consell parece dispuesto a ceder a las
exigencias del sector y privatizar más áreas sanitarias.
Cabe recordar que, según la información
oficial, la idea es agrupar para un solo gestor todos los servicios logísticos
(limpieza, mantenimiento, seguridad, cocina, material sanitario...) y también
algunas áreas propiamente asistenciales ya externalizadas (oxigenoterapia,
resonancias, prótesis...), junto a alguna novedad, como la prescripción de los
medicamentos.
Con todo, es poca cosa para el sector, que
ha pasado del entusiasmo inicial a trasladar sus dudas acerca del modelo, sobre
todo teniendo en cuenta que deben pagar un canon anual de 180 millones. No ven
la rentabilidad de entrar en el negocio. Y es que el mayor margen de beneficio
está en la atención sanitaria —especialmente en la gestión del personal— no en
la lavandería.
Así, tras la ronda de contactos que ha
mantenido el conseller Rosado con los operadores interesados —Nisa, Ribera
Salud, Atitlán, DKV, Sanitas, Quirón...— y otras firmas no especializadas —El
Corte Inglés, Eulen, ISS—, Sanidad contempla ampliar la cartera de servicios
médicos a privatizar. Algo necesario para atraer a unos gestores especializados
ahora mismo desinteresados. Pero también una decisión difícil de vender
políticamente para el Consell, que niega que esto sea una privatización de la
sanidad.
La Generalitat prevé ceder un mayor trozo
del pastel sanitario durante el «diálogo competitivo» ante la segura presión
del sector en este sentido, según ha sabido este diario. Este «diálogo» es el
proceso elegido para adjudicar el contrato. La conselleria selecciona a un
grupo de empresas interesadas y, a partir de unas bases, se van negociando
entre ambas partes un pliego de condiciones.
De momento, la consultora Price Waterhouse
trabaja sin descanso para terminar las bases lo antes posible. Se espera que
unos 15 días, ya con el documento listo, pueda comenzar el diálogo. Y es que se
trata de una negociación lenta y el tiempo corre en contra de la Generalitat,
que pretende tener el contrato adjudicado el 30 de noviembre para hacer caja
antes de que acabe el año con el canon por anticipado de 2013 y 2014: 360
millones.
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